Las pensiones están pagando el rescate a la banca
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 7 de diciembre de 2015.
Este artículo toca un tema del que no se ha hablado en los mayores medios de información y que constituye un escándalo, tal como han reconocido varios medios extranjeros.
El Estado español está utilizando los fondos públicos de las pensiones para comprar la deuda pública generada por el rescate a la banca, entre otros gastos. Es sorprendente el silencio ensordecedor que ha habido sobre este tema en este país.
La banca privada está sobredimensionada en España, y eso es algo que tiene consecuencias muy negativas para la economía de este país, puesto que ocupa un espacio demasiado grande dentro de ella.
En realidad, y en términos proporcionales, el sector bancario español es mayor que el sector bancario de EEUU, y en consecuencia, ha estado consumiendo un número excesivo de recursos que podrían haberse aplicado a otras actividades más necesarias.
Y para complicar todavía más las cosas, sus inversiones, en lugar de dirigirse a una función pública como es la oferta de créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas (que son las que crean más empleo en este país), se han centrado en la historia reciente en actividades especulativas, como en el sector inmobiliario, creándose las burbujas que llevan tal nombre, con las consecuencias tan negativas que todos conocemos.
Todo el mundo es consciente de que la crisis financiera ha tenido un impacto muy dañino para la economía española.
Una de las causas de este sobredimensionamiento de la banca privada es su enorme influencia (que alcanza en ocasiones categoría de control) sobre las instituciones políticas y mediáticas de este país.
En parte, esta influencia se ejerce a través del endeudamiento de tales instituciones, haciéndolas muy vulnerables al ejercicio de la presión bancaria. Cuando Juan Torres, Alberto Garzón y yo escribimos el libro Hay alternativas.
Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), la editorial que iba a publicarlo, próxima a El País, nos pidió que elimináramos secciones del libro críticas con la banca privada porque estaban en proceso de renegociación de su deuda y no querían que aparecieran estas críticas en un momento delicado de dichas negociaciones.
Al negarnos a esta revisión, se canceló la publicación del libro, y tuvimos que recurrir a una editorial mucho más pequeña a fin de poder publicarlo.
Ello es un ejemplo, de los miles que existen, de que una consecuencia de la excesiva influencia de tales instituciones financieras en los medios de información y persuasión en este país, es que estos están (en la Unión Europea) entre los menos variados ideológicamente y menos críticos de la estructura del poder económico, centrada en el capital financiero. Como he indicado en varias ocasiones, estamos alcanzando una falta de diversidad ideológica alarmante para un país que se define como democrático.
El silencio de los medios sobre el asalto al Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social por parte del gobierno Rajoy y sus amigos de la banca
Uno de los ejemplos de la abusiva influencia política de la banca privada en España es lo que está ocurriendo con el Fondo de Reserva de las pensiones de la Seguridad Social.
Este Fondo, que se estableció en 1997 y se inició en el año 2000, tenía como objetivo ir acumulando una reserva de dinero procedente de las cotizaciones sociales, generado en momentos de bonanza y crecimiento económico, de manera que el superávit que se iba generando en el proceso álgido de la economía sirviera para cubrir los déficits que pudieran aparecer en momentos de recesión.
Este fondo llegó a alcanzar la cifra más que respetable de 66.815 millones de euros en 2011.
Ahora bien, desde entonces, el gobierno del PP (el partido más próximo a la banca privada que haya gobernado España durante el periodo democrático) sacó más y más dinero de este Fondo de Reservas (7.003 millones en 2012, 11.648 millones en 2013 y 15.300 millones en 2014) con la intención de ir pagando las pensiones, pues no se estaba ingresando suficiente dinero a la Seguridad Social, como consecuencia de las políticas impuestas a la población (y digo impuestas, pues no estaban en la oferta electoral de los partidos gobernantes, el PSOE y el PP) por los gobiernos españoles presididos por el Sr Zapatero y por el Sr. Rajoy.
Estas políticas, tales como las reformas laborales aprobadas por ambos gobiernos, produjeron un descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social (debido al aumento del desempleo) y una disminución de las cotizaciones sociales (consecuencia del descenso de los salarios, creado también por tal reforma laboral), provocando un problema devastador para las pensiones públicas que el gobierno Rajoy intentó paliar recurriendo al Fondo de las Pensiones de la Seguridad Social, sustrayendo las cantidades citadas.
Ni que decir tiene que cualquier dificultad que tengan las pensiones públicas es causa de alegría para la banca que está intentando convencer a la población de que estas pensiones no son sostenibles (que quiere decir que el Estado no podrá pagarlas), a fin de que se vayan corriendo al banco más próximo a hacerse un plan privado de pensiones (que incidentalmente ha tenido un índice de colapsos muy superior al de otras inversiones financieras).
Lo que los medios de información y persuasión no han dicho sobre el Fondo de las Pensiones Públicas
Ahora bien, lo que los mayores medios de información no han comunicado a la población española es el enorme escándalo –denunciado por la prensa extranjera, pero no por la española- que significa que el dinero acumulado en el Fondo General de las Pensiones (que incluye el Fondo de Reservas citado en la sección anterior) ha facilitado que el Estado español haya podido rescatar a los bancos. Me explico.
Cuando, como resultado de las inversiones especulativas de la banca privada, la burbuja inmobiliaria (que absorbió una enorme cantidad de recursos) estalló, la banca privada estaba a punto de colapsar. Pero debido a la enorme influencia de la banca, el Estado la rescató, realizando el mayor programa de beneficencia que el Estado español haya llevado a cabo en su historia. El Estado español, que en teoría –pero no en la realidad- nos representa a usted, lector, y a mí, se gastó nada menos que la friolera cantidad de 61.000 millones de euros para rescatar la banca. Este dinero procedía, de nuevo, de usted, lector, y de mí.
Puesto que el Estado no disponía de este dinero, lo tuvo que pedir prestado, con lo cual la deuda pública se disparó. Que la deuda pública aumente quiere decir que alguien o alguna institución ha prestado tal dinero
¿Y quién fue el que prestó dinero al Estado para poder pagar el rescate bancario?
Ahí está el gran escándalo que usted no ha leído en ningún medio de información español. Este dinero procede del Fondo Público de las Pensiones.
En realidad, el 97% del dinero acumulado en dicho fondo se ha prestado al Estado comprando fondos públicos. En otras palabras, el Estado ha cogido este dinero y lo ha utilizado para pagar el rescate de la banca, entre otros gastos.
Y mientras, los medios han guardado un silencio ensordecedor.
No así la prensa extranjera. Varios diarios económicos como el Wall Street Journal (03.01.13) y el alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten (04.01.13), han hablado de lo que han llamado el saqueo de los fondos de pensiones públicas para comprar bonos del gobierno de España.
Este último añadía que “al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España”.
En realidad, se quedó corto, pues no es el 90%, sino el 97%.
Esta actuación pone en peligro las pensiones públicas, pues el valor de la deuda pública varía enormemente, ya que está sujeta a vaivenes especulativos de los mercados financieros, y todo ello sin que la población tenga ni idea de lo que está ocurriendo, en un sistema político que se define como una democracia.
El mejor indicador de que no lo es, es que este artículo no se publicaría en ninguno de los mayores rotativos del país.
En este país, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando.
Y los mayores medios de información y persuasión se pasan veinticuatro horas al día trabajando para asegurarse de que usted, señor lector, continúe sin conocer lo que está pasando. Si la gente lo supiera, y supiera también que hay alternativas a tanto escándalo, habría una revuelta general.
De ahí que el impuesto silencio ensordecedor continúe. Y lo que es incluso peor es que los partidos políticos más próximos a la banca, es probable que ganen las elecciones legislativas del 20 de diciembre a nivel del Estado. Y a esto, repito, le llaman democracia.
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